Presidente Abelardo De la Espriella oficializó el decreto de emergencia económica por el terremoto



20 de agosto

La medida tendrá una vigencia de 30 días y permitirá destinar recursos para atender la emergencia, otorgar alivios tributarios y créditos subsidiados, además de facilitar la recuperación de servicios públicos y la ejecución de obras urgentes.

Tras diez días del terremoto que sacudió gran parte del territorio nacional y que ha dejado graves afectaciones humanas y materiales, el presidente Abelardo De la Espriella oficializó el decreto de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos.

Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre serán los territorios cobijados por estas medidas excepcionales durante 30 días calendario. Esto permitirá al mandatario expedir decretos legislativos con fuerza de ley, siempre que tengan relación directa con la mitigación de la crisis y la extensión de los efectos del sismo del pasado 10 de agosto.

Entre las medidas establecidas se encuentra la destinación de recursos del Presupuesto General de la Nación y otras fuentes ordinarias para atender la emergencia. Asimismo, se autorizan modificaciones presupuestales y operaciones de crédito público.

Además, el decreto contempla alivios tributarios, aduaneros y cambiarios temporales; la flexibilización y ampliación de subsidios familiares; la habilitación de suelo para reasentamientos y alojamientos temporales; la generación de créditos con tasas subsidiadas y periodos de gracia extraordinarios para microempresas; la recuperación de servicios de salud, educación, energía, transporte y telecomunicaciones; la facilitación de obras urgentes y mecanismos para recuperar redes eléctricas y movilizar equipos, entre otras medidas.

Cabe señalar que el Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, deberá presentar ante el Congreso un informe que sustente las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Además, la Corte Constitucional revisará el decreto expedido por De la Espriella.